La justicia investigará las causas del fallecimiento del joven gitano que murió en la Comisaría de Algeciras

El fallo del Tribunal Constitucional a favor de la solicitud de la Asociación de Juristas Gitanos permitirá reabrir el caso para esclarecer los hechos y conocer las causas del fallecimiento del joven gitano Daniel Jiménez el pasado 1 de junio de 2020 en la Comisaría de Algeciras

27 de Enero de 2024
La médico forense y agentes declaran dentro de la investigación por la muerte de Daniel Jiménez en la comisaría de Algeciras

El fallo del Tribunal Constitucional a favor de la solicitud de la Asociación de Juristas Gitanos permitirá reabrir el caso para esclarecer los hechos y conocer las causas del fallecimiento del joven gitano Daniel Jiménez el pasado 1 de junio de 2020 en la Comisaría de Algeciras.

La decisión del Alto Tribunal acepta la petición de amparo a la vez que anula las decisiones del juzgado de instrucción y de la Audiencia Provincial de Cádiz y ordena reabrir la investigación del caso. 

Daniel Jiménez falleció en su celda en circunstancias que no fueron aclaradas horas después de hablar con su padre por teléfono para informarle de que a la mañana siguiente sería puesto en libertad. Según la versión policial, Daniel se suicidó en su celda. La jueza de instrucción, por su parte, ordenó el archivo de la causa sin mediar investigación alguna.

Juristas Gitanos asumió la defensa de la familia como acusación particular y recurrió el sobreseimiento del asunto. Solicitaron la páctica de diligencias y la toma de declaración de los policías encargados de la vigilancia cuando murió, así como de otros detenidos que estaban en las celdas contiguas y del médico forense encargado de la autopsia, o el examen de la manta que usó Daniel a fin de determinar cómo pudo confeccionar la cuerda con la que supuestamente se ahorcó. Según indican desde Juristas Gitanos se denegaron todas, tanto por parte del juzgado como posteriormente por parte de la Audiencia Provincial, a pesar de que las grabaciones de seguridad no permitían esclarecer los hechos: en las celdas no se disponía de cámaras, tal como exige la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, mientras que la visión de la cámara del pasillo quedaba obstaculizada por una papelera.

En concordancia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una muerte bajo custodia policial es siempre una anomalía que debe investigarse con mayor rigor por parte de los jueces, hasta agotar todos los medios de prueba razonables, más aún teniendo en cuenta que la comisaría de Algeciras incumplía las exigencias de la Secretaría de Estado. En el caso de Daniel, se impidió una investigación más exhaustiva y se vulneró con ello el derecho a tutela judicial efectiva de la familia del joven fallecido. Así pues desde Juristas Gitanos recurrieron en amparo. 

Después de más de tres años y medio desde los hechos denunciados, el Tribunal Constitucional se alinea con los argumentos y concluye que efectivamente el juzgado de instrucción y la Audiencia Provincial se equivocaron al no adoptar “las exigencias del canon constitucional de investigación judicial suficiente y eficaz” vulnerando así los derechos de los recurrentes y de la acusación popular. Además, se ordena la reapertura de la investigación. Ahora, la familia tendrá la oportunidad que le negaron de esclarecer los hechos y saber con certeza qué le sucedió a Daniel.

Según la Asociación de Juristas Gitanos nunca antes el Tribunal Constitucional se había pronunciado sobre un asunto relacionado con una muerte bajo custodia policial. "Esta sentencia es, por tanto, un hito jurídico que marca la pauta a seguir en el futuro por parte de los juzgados ante denuncias por violencia o muerte de personas bajo tutela del Estado, lo que evitará que estas se archiven sin ser debidamente investigadas, con suficiencia y eficacia", indican.

El abogado cordobés Manuel Reyes y la abogada almeriense Teresa Heredia han asumido en distintos momentos la representación de la familia de Daniel como acusación particular, mientras que Luis Mendoza, abogado de Lucena, ha representado a la asociación en calidad de acusación popular.

La Asociación de Juristas Gitanos es una organización sin ánimo de lucro fundada por jóvenes estudiantes de Derecho de la Universidad de Alicante (donde mantiene su sede social), que no cuenta con financiación pública y se sostiene exclusivamente con fondos propios y gracias al trabajo voluntario de sus asociados y colaboradores, como es el caso de los tres letrados gitanos que han colaborado en esta causa: Manuel Reyes, Teresa Heredia y Luis Mendoza.