El pleno municipal, presidido por el alcalde, José Ignacio Landaluce, ha aprobado la adjudicación de la concesión del servicio de explotación de la Estación Pública de Transporte Colectivo Regular Interurbano a la Empresa de Transportes General Comes. De esta manera, Comes, única empresa para la adjudicación de este servicio, gestionará la estación de autobuses por un plazo de 8 años prorrogables otros cuatro años por dos veces hasta un máximo de 16.
Otras de las cuestiones aprobadas fue la actualización del Inventario de Bienes Municipal y la adaptación del art. 71 del vigente acuerdo regulador de condiciones de trabajo de funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento para facilitar la incorporación de alumnos en programas formativos.
En el apartado de mociones, han sido aprobadas por las mociones presentadas por el Grupo Popular referentes a la solicitud de financiación al Gobierno de España para la reparación de daños causados por las últimas borrascas en Algeciras, así como otra para requerir al Ministerio de Transición Ecológica y reto demográfico dependiente la agilización de los trámites administrativos para dar viabilidad a la construcción de un dique en la playa del Rinconcillo, así como diversos trabajos relacionados con la mejora en las playas de Algeciras.
El PSOE de Algeciras ha lamentado lo que entiende se trata de "la vulneración de derechos fundamentales que se ha perpetrado este viernes con la celebración del pleno ordinario de marzo, cuya suspensión se había solicitado el pasado martes por considerar que ese no iba a celebrarse con garantías y de acuerdo a lo establecido por el artículo 23 de la Constitución Española, al no haberse facilitado a los concejales el contenido de los Decretos de Alcaldía firmados en este mes". Es más, desde el PSOE se considera que la celebración de dicho pleno, "en estas condiciones, podría llegar a implicar la comisión de presuntos delitos contra la Administración Pública".
La portavoz municipal socialista, Rocío Arrabal, ha considerado "una manipulación torticera” el uso que el PP de Landaluce pretende hacer de la Ley de Protección de Datos más de 7 años después de su aprobación, en 2018, "imponiendo ahora" un documento de confidencialidad que ni siquiera ha sido aprobado por pleno, y cuya exigencia es “absurda”, ya que, ha asegurado, "todos los concejales, también el alcalde, ya están obligados desde el mismo día de su nombramiento a cumplir la Constitución y todas las leyes de nuestro ordenamiento jurídico, incluida la Ley de Protección de Datos".
Llegados a ese punto, el Grupo Socialista ha votado en contra de la “maniobra” del Grupo Popular de retirar del orden del día el punto de aprobación de los Decretos, dado que ese punto “es obligatorio traerlo a pleno según el artículo 42 del ROF”, el Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento, “sin que pueda eludirse que el alcalde cumpla tal obligación”, y dado que “el único motivo” para que no se haya podido dar cuenta de los aproximadamente mil Decretos que Landaluce firma al mes ha sido que “han vulnerado nuestro derecho a la información”, así como el cumplimiento de las obligaciones de fiscalización y control del gobierno municipal que la oposición tiene asignada por la Constitución.
Además, las dos mociones del Grupo Socialista, en favor de la Sanidad Pública y de un Plan de Mantenimiento de los colegios, han sido rechazadas con los votos en contra del Partido Popular.