Los planes del Gobierno de España de alargar sine die un tributo extraordinario tanto a la banca como a las energéticas, conocido popularmente como impuestazo, ha puesto al sector energético en pie de guerra. El Campo de Giraltar puede verse gravemente golpeado en cuanto a los planes industriales. El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Cepsa, con una inversión pervista de 2.000 millones de euros en el Parque Energético de San Roque, está en riesgo después de que el consejo de administración haya decidido dejar en stand-by las inversiones en este proyecto hasta conocer las intenciones del Ejecutivo español respecto al impuesto permanente y que supondría, según reconoce Cepsa a este diario, un cambio en su planificación, dando prioridad a proyectos de otros países sobre los españoles.
La compañía, a pregunta de 8Directo, asegura: “Cepsa está valorando el impacto que puede tener un incremento de su fiscalidad si se aprueba un nuevo impuesto permanente. Si esto se materializa, provocaría un efecto muy relevante sobre la rentabilidad de los proyectos de hidrógeno, por lo que tendríamos que ralentizar las inversiones previstas en España y dar prioridad a proyectos de hidrógeno verde en otros países que, inicialmente, teníamos planificados en una expansión internacional para una segunda fase del plan estratégico Positive Motion. Nuestra transformación en marcha es irreversible para lograr que más de la mitad de nuestro beneficio provenga de actividades sostenibles en 2030".
Esto supondría un importante cambio de planes de la compañía a nivel internacional y con especial perjuicio para Andalucía y España. Cepsa aceleraría proyectos en países como Marruecos, Brasil y Estados Unidos en detrimento de San Roque y Huelva, en Andalucía, donde estaba prevista una inversión de 3.000 millones de euros y la creación de 10.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos. Además, son muchas las inversiones y planes empresariales previstos que están surgiendo al amparo del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que, en el mejor de los casos, podrían entrar en una fase de incertidumbre.
¿Qué es el impuestazo y en qué situación se encuentra?
El denominado impuestazo se recoge en una ley publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en 2022 como un tributo extraordinario a la banca y las energéticas durante los ejercicios 2023 y 2024, y cuyos planes por parte del Gobierno sería alargarlo. Inicialmente aprobados para dos ejercicios -2023 y 2024- debido al impacto por la crisis por la guerra en Ucrania, el Gobierno ha ingresado más de 2.400 millones de euros del sector energético en estos dos años por esta partida. La pasada semana, anunció que incluía entre los compromisos remitidos a Bruselas el mantenimiento de "manera permanente" de los gravámenes extraordinarios sobre las energéticas y la banca.
Estos planes han encontrado un rechazo claro del sector energético y también de la banca. La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) -formada por BP, Cepsa, Galp, Gunvor, Repsol y Saras- advierte de que establecer un impuesto permanente al sector energético, dando continuidad al gravamen temporal que finaliza el 31 de diciembre, comprometería la competitividad de la industria y dificultaría el proceso de transición energética, afectando negativamente a toda la cadena de valor. A su vez reclama un marco "fiscal adecuado y estable" para impulsar las importantes inversiones que el sector pretende abordar para la descarbonización y la transición energética. En concreto, las empresas del sector tienen previsto dedicar a ese fin más de 16.000 millones de euros hasta 2030, aunque un nuevo gravamen o la falta de claridad sobre el horizonte fiscal puede desalentar las inversiones en nuestro país.
"Un nuevo gravamen energético permanente convertiría a España en el único Estado de los 27 de la UE en tenerlo lo que perjudicará la competitividad de un sector que soporta una carga fiscal muy elevada. Además, el informe Draghi advierte que la competitividad de la UE está lastrada, entre otros motivos, por un coste de la energía más alto que en EE.UU. o China, como consecuencia, entre otros motivos, de cargas fiscales que el mismo informe pide limitar", señala la AOP.
Pero el impuestazo, como se le conoce, es reversible. De hecho, su aplicación es complicada a pesar de estar en los planes del Gobierno de Pedro Sánchez. Este asume que para sacarlo adelante tendría que contar con el apoyo del Congreso de los Diputados y Junts per Catalunya ya ha anunciado que no apoyaría esta tasa ante el riesgo de que Cataluña perdiera inversiones; hay prevista una de más de mil millones de Repsol en Tarragona. Tampoco el Partido Nacionalista Vasco (PNV) está por a labor de apoyar esta medida, que se quedaría sin apoyos suficientes.