Los alcaldes de San Roque, Jimena, Castellar y Tesorillo han mostrado este martes en una rueda de prensa conjunta su rechazo a la subida de tarifas prevista por la empresa pública Arcgisa -un aumento que han cifrado en una media de 45 euros por trimestre en el recibo de agua y basura-, y exigen que este incremento no se vote el próximo viernes en la junta de comarca de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Destacan que "esta medida se entiende aún menos cuando, tras varios años con pérdidas, Arcgisa obtuvo beneficios en 2023".
Los primeros ediles de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix; Jimena de la Frontera, Francisco Gómez; Castellar, Adrián Vaca; y San Martín del Tesorillo, Jesús Fernández, han comparecido este martes en el Palacio de los Gobernadores para mostrar su "total" rechazo al incremento de precios planteado para los servicios de agua y basuras que presta la empresa pública comarcal Arcgisa. El gobierno de la Mancomunidad, compuesto por Partido Popular, La Línea 100x100, Los Barrios 100x100 y San Roque 100x100, tiene previsto que esta subida se vote este viernes en la junta de comarca. Algo ante lo que los cuatro alcaldes citados hoy exigen que se desconvoque dicha sesión.
El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha iniciado su intervención explicando que hoy se han dado cita los primeros ediles de cuatro de los cinco municipios campogibraltareños que tienen cedidos todos sus servicios a Arcgisa, faltando sólo Los Barrios. Indicó que los otros tres, Algeciras, La Línea y Tarifa, tienen cedidos parte de estos servicios a empresas privadas, "lo que en su momento les reportó importantes ingresos económicos", ha apuntado.
Ruiz Boix critica que "el PP, en la figura de Susana Pérez Custodio, asumió la Presidencia de Mancomunidad el pasado mes de septiembre con el apoyo de La Línea 100x100, Los Barrios 100x100 y San Roque 100x100, y su primera decisión fue subir los salarios del gobierno comarcal en un 11%. Más tarde, se aprobó aplicar de forma retroactiva la tasa de no reutilización de residuos, que ha supuesto una subida de más de 40 euros en la última factura", asegura.
Apuntó el alcalde sanroqueño que el incremento que se prevé aprobar este viernes se aplicará a partir del 1 de julio, por lo que para una familia media el recibo del tercer trimestre de 2024 subirá otros 45 euros más. "Uno de los conceptos que se repercutirán es la eliminación de la gratuidad de los 20 primeros metros cúbicos de agua consumidos, que beneficia a todas las familias pero sobre todo a las más desfavorecidas, a lo que hay que añadir un incremento del 16,7% en la tarifa del agua. También, una subida del 18% en la tasa de recogida de basuras, más el impuesto por el no reciclaje", ha señalado.
Ruiz Boix, quien recalcó que hablaba no como representante del PSOE sino como alcalde de San Roque, solicitó “la paralización de este expediente y la convocatoria del pleno del viernes”, ya que se trata de “un incremento brutal de precios”. El primer edil sanroqueño también recordó que, tras la aprobación de un plan estratégico para Arcgisa durante el pasado mandato en Mancomunidad, se había conseguido que "por primera vez en ocho años se cerrarán las cuentas en positivo, con un beneficio en 2023 de 217.00 euros". Por ello, "no entendemos este atraco a los bolsillos de los vecinos que propone el PP y sus socios".
El alcalde de Jimena de la Frontera, Francisco Gómez, consideró por su parte que "se trata de unas subidas brutales para los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas", cuando "por primera vez en ocho años Arcgisa consigue resultados positivos". Recordó que "es una empresa pública", por lo que no comprende que se hayan retirado las bonificaciones sociales (en referencia a los 20 metros cúbicos). En opinión del alcalde de Jimena, los cuatro ayuntamientos presentes en esta rueda de prensa "nos debemos plantear si somos capaces de llevar estos servicios desde lo público". También consideró "bastante dudoso" que se haya aplicado con carácter retroactivo la tasa por el no reciclaje. Dijo Gómez que esta subida será del 16% para los ciudadanos, pero que las pequeñas y medianas empresas tendrán un incremento del 35%, por lo que "puede haber cierres empresariales o vecinos que no puedan pagar las facturas".
Adrián Vaca, alcalde de Casteller, recalcó que "en pocas ocasiones" se han manifestado en contra de una decisión de Mancomunidad un total de cuatro alcaldes. "Tenemos bastante que decir al respecto", dijo, ya que "son cuatro de los cinco municipios con todos sus servicios con Arcgisa, y van a imponernos un incremento de 45 euros al trimestre". Criticó el alcalde de Castellar que "el tarifazo" que supuso la subida del impuesto por no reciclaje no haya ido acompañado de "un plan de concienciación a la población para que recicle", y señaló que la nueva subida de tarifas será "muy dura para comercios y pequeñas empresas".
Finalmente, el alcalde de Tesorillo, Jesús Fernández, recalcó que "Arcgisa es una empresa pública, y debería colaborar con los más desfavorecidos". Mostró su esperanza de que "este viernes estas propuestas no se presenten y se redacten nuevas bases acordes con las necesidades de los vecinos". En cualquier caso, considera Jesús Fernández, "hay otras maneras de gobernar".
Pérez Custodio responde: "No se ha eliminado ninguna bonificación social"
Ante estas declaraciones, la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, y el vicepresidente Vázquez Hueso han aclarado en una rueda de prensa posterior algunos aspectos a los que estos cuatro alcaldes han hecho referencia en su comparecencia pública.
"Partiendo del más absoluto respeto institucional a la figura de cada uno de los cuatro alcaldes comarcales, pertenecientes a los grupos socialistas y de Izquierda Unida", indicó Pérez Custodio que "los datos ofrecidos en esta rueda de prensa estaban absolutamente distorsionados, ya que no se ha procedido a la eliminación de ninguna bonificación social". En este sentido, la presidenta señaló que "el gobierno comarcal mantiene vigente el 1,5% de la facturación destinado a dichas bonificaciones, que tienen como beneficiarios a las familias necesitadas que no han de abonar cantidad alguna ante los recibos de agua y residuos". "Junto a esta importante apuesta social, que está y se mantiene vigente", Pérez Custodio recordó la bonificación del 50% del recibo a pensionistas, familias numerosas y unidades familiares con bajos ingresos, en virtud de su renta.
Igualmente, destacó "el carácter lineal y transitorio" de la modificación realizada sobre los primeros 20 metros cúbicos de agua abastecida, "medida que afecta por igual a toda la población y no solo a las familias con necesidades, como se ha pretendido insinuar en la comparecencia pública de los alcaldes". No obstante, Pérez Custodio resaltó "el carácter transitorio de la medida, provocada y justificada como consecuencia de la situación de extrema sequía que aún padecemos. La gratuidad de dichos metros cúbicos se irá reponiendo progresivamente, hasta llegar a su completo restablecimiento en el ejercicio 2027", en palabras de la presidenta, que quiso matizar que "la gratuidad de esos 20 primeros metros cúbicos es una medida que puso en marcha un gobierno comarcal presidido por el Partido Popular".
Rueda de prensa de Pérez Custodio y Vázquez Hueso
Al abordar el incremento del recibo de recogida y tratamiento de residuos, la máxima responsable de la entidad comarcal recordó que "la subida viene motivada por la decisión adoptada por el Gobierno de España, un gobierno en el que están integrados el Partido Socialista e Izquierda Unida, junto a otros grupos políticos y, por tanto, un gobierno constituido por las formaciones políticas a las que pertenecen los alcaldes que hoy han mostrado su disconformidad con acuerdos adoptadas por dicho Gobierno de España”. Pérez Custodio hizo referencia a la nueva Ley de residuos aprobada por el Gobierno de España, al ser el factor determinante para la obligada implantación de la nueva línea de recogida de residuos, la correspondiente a la fracción orgánica. “Una línea que obliga a la Mancomunidad y a su empresa pública a la adquisición e implantación de nuevos contenedores en nuestros municipios, cuya recogida precisa nuevas rutas y nuevos vehículos, que conllevan un mayor coste ante el consumo de combustibles y el mayor número de operarios necesarios para el adecuado desarrollo del servicio, generando finalmente un coste que debe repercutirse en las tarifas”, en palabras de la presidenta.
En el caso de las modificaciones en el recibo del agua, la presidenta volvió a precisar que" vienen motivadas por los efectos severos de la sequía y los incrementos de costes, como es el caso del gasto eléctrico, representando una subida de 2,52 euros mensuales en el abastecimiento y 1,23 euros en el saneamiento y depuración, cantidades muy diferentes a las ofrecidas por los alcaldes en su comparecencia, que han planteado cifras que triplican la realidad reflejada en los expedientes”.
Pérez Custodio finalizó manifestando su "incomprensión" ante las declaraciones efectuadas en el día de hoy por los alcaldes, "al rechazar y calificar de injustificada la subida de tarifas propuestas por el actual gobierno frente al elogio que han emitido al incremento de tarifas efectuado durante los años 2020, 2021 y 2022, duplicada en dicha anualidad al adelantarse la prevista para el 2023, para lograr el equilibrio de cuentas en la empresa bajo un gobierno presidido por los socialistas".
En el mismo sentido, la participación del portavoz y vicepresidente Vázquez Hueso sirvió para recordar “la necesidad de disponer de unos servicios públicos sostenibles, con gastos e ingresos equilibrados” y remarcó el "incongruente posicionamiento que hoy mantienen los alcaldes frente a la posición que mantuvieron en el año 2019 con las subidas realizadas con una presidencia socialista".