La inversión de 3.000 millones de euros de Cepsa para el proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, con San Roque como uno de sus dos centros, está en riesgo. El consejo de administración de la compañía ha acordado y ordenado paralizar el proyecto hasta que el Gobierno aclare si va a mantener el impuestazo a las energéticas, según ha publicado el diario especializado Expansión.
Cepsa, primera empresa andaluza por volumen de facturación, tiene previsto invertir más de 3.000 millones de euros para establecer el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, llamado a situar Andalucía y al Campo de Gibraltar como el mayor hub de Europa en esta tecnología. Este proyecto, enmarcado en el plan estratégico 2030 de la compañía, planea convertir a esta región y a España en una potencia energética, que contribuirá a la seguridad de suministro y la independencia energética de Europa. El Parque Energético de Cepsa en San Roque contaría con una inversión total de 2.000 millones de euros dentro de este proyecto, ahora en riesgo.
El consejo de adminitración de la compañía ha decidido frenar momentáneamente las inversiones en los nuevos proyectos de hidrógeno en España y dar prioridad a otros internacionales hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez indique si el denominado impuestazo a las energéticas va a continuar vigente después de 2024. Según otras informaciones, Cepsa ha registrado unas pérdidas de 233 millones de euros frente a un beneficio de 1.100 millones del ejercicio anterior y señala la carga fiscal del Ejecutivo español como uno de los motivos, aunque no es el único ya que también afecta el proceso de transformación en el que se encuentra.
No sólo Cepsa, también otras grandes compañías rechazan de pleno el impuesto a las energéticas. Lo han hecho de forma conjunta a través de una nota de prensa de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) -formada por BP, Cepsa, Galp, Gunvor, Repsol y Saras-, donde se advierte de que establecer un impuesto permanente al sector energético, dando continuidad al gravamen temporal que finaliza el 31 de diciembre, comprometería la competitividad de la industria y dificultaría el proceso de transición energética, afectando negativamente a toda la cadena de valor.
AOP reclama un marco "fiscal adecuado y estable" para impulsar las importantes inversiones que el sector pretende abordar para la descarbonización y la transición energética. En concreto, las empresas del sector tienen previsto dedicar a ese fin más de 16.000 millones de euros hasta 2030, aunque un nuevo gravamen o la falta de claridad sobre el horizonte fiscal puede desalentar las inversiones en nuestro país.
Además, según la nota "la falta de estabilidad regulatoria perjudica la reputación como país y la Marca España, así como la percepción y valoración del clima económico que hacen los inversores e instituciones internacionales. Todo ello supone un importante riesgo para el desarrollo de los combustibles renovables y el hidrógeno renovable, impactando negativamente en la transición hacia fuentes de energía más sostenibles".
"Un nuevo gravamen energético permanente convertiría a España en el único Estado de los 27 de la UE en tenerlo lo que perjudicará la competitividad de un sector que soporta una carga fiscal muy elevada. Además, el informe Draghi advierte que la competitividad de la UE está lastrada, entre otros motivos, por un coste de la energía más alto que en EE.UU. o China, como consecuencia, entre otros motivos, de cargas fiscales que el mismo informe pide limitar", señala la AOP.
El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde es un proyecto estratégico para España. Así lo indicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estuvo presente en San Roque durante la presentación del mismo en diciembre de 2022. Durante su intervención, el socialista destacó el atractivo inversor del país en energías renovables. El denominado impuestazo se recoge en una ley publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en 2022 como un tributo extraordinario a la banca y las energéticas durante los ejercicios 2023 y 2024, y cuyos planes por parte del Gobierno sería alargarlo.