Verdemar Ecologistas en Acción ha denunciado que desde hace meses la Junta de Andalucía rechaza sus peticiones sobre la Cantera de 'La Utrera' (Casares) y el traslado de piedra a Gibraltar, por lo que demandan a la Fiscalía de Medio Ambiente del Gobierno de España que investigue las actuaciones.
Para los ecologistas, los traslados de piedra a Gibraltar suponen una vulneración de la normativa del Plan Especial para el Aprovechamiento, Restauración y Mejora Técnica y Ambiental de la Cantera 'La Utrera', cuyo proyecto fue aprobado por el Ayuntamiento de Casares, el término municipal en el que se encuentra, e implica directamente a la Junta de Andalucía. Tal y como ha detallado la organización en una nota de prensa, "ya han salido 100.000 toneladas de escollera hacia la Zona de Especial Conservación del Estrecho Oriental", lo que puede infringir la normativa.
Los ecologistas han asegurado que el consistorio casareño ha tardado más de un año en contestar a sus denuncias. Desde la organización consideran que es todo muy extraño y sospechoso, muchas instituciones públicas han estado estos años "sin tener a nadie que vigile las buenas prácticas ambientales" en estos parajes de gran valor y "nosotros no vamos a cesar en nuestras denuncias".
En la última contestación de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos Consejería de Política Industrial y Energía Delegación Territorial en Málaga, los ecologistas han asegurado que les emplaza al Artículo 14. El artículo 14 de Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía expone que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, la protección del medio ambiente.