El impuestazo del Gobierno de España a las energéticas que amenazaba con afectar a inversiones como las del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde en el Campo de Gibraltar se ha quedado fuera del acuerdo de la ley del impuesto a las multinacionales que han cerrado este lunes, 11 de noviembre, PSOE y Sumar. El pacto recoge un compromiso para gravar los beneficios a la banca, subir el IVA a los apartamentos turísticos y aplicar el impuesto de lujo a yates, jets privados y coches de lujo, entre otras medidas, pero no la continuidad al actual gravamen extraordinario a las empresas energéticas.
Los planes del Gobierno de alargar sine die un tributo extraordinario tanto a la banca como a las energéticas, conocido popularmente como impuestazo, puso al sector energético en pie de guerra. Hasta tal punto que Cepsa -ahora Moeve- reconocía que su consejo de administración paralizaba proyectos en España, como el previsto para el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que en San Roque cuenta con una previsión de 2.000 millones de euros -más otros mil en Huelva-, para dar prioridad a otros en el extranjero. Las empresas del sector energético rechazaban esta situación fiscal y consideraban que "un nuevo gravamen o la falta de claridad en el horizonte fiscal" pueden desalentar inversiones por un valor total de 16.000 millones de euros hasta 2030.
El acuerdo cerrado hoy por los partidos del Gobierno no recoge la continuidad de este gravamen que se ha venido aplicando a las energéticas, a pesar de que Sumar quería mantenerlo. El PSOE ya había pactado con PNV y Junts su desaparición cuando caduque a final de año, y así está previsto.
El denominado impuestazo se recoge en una ley publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en 2022 como un tributo extraordinario a la banca y las energéticas durante los ejercicios 2023 y 2024. Aprobados para dos ejercicios -2023 y 2024- debido al impacto por la crisis por la guerra en Ucrania, el Gobierno ha ingresado con esta medida fiscal más de 2.400 millones de euros del sector energético en estos dos años.
Lo que sí contempla el acuerdo
En el acuerdo, los dos partidos del Gobierno de coalición apuestan por establecer un nivel de tributación mínimo del 15% sobre beneficios para multinacionales y grandes empresas. También abogan por "mantener el impuesto a la banca para que estas entidades, que solo pagan menos del 3% de sus beneficios en impuestos y que están obteniendo beneficios récord, contribuyan de manera justa al sostenimiento de la sociedad de la que tantos beneficios obtienen al igual que el resto de empresas y ciudadanos".
Asimismo, pretenden "elevar en dos puntos la tributación en el IRPF de las rentas de capital por encima de los 300.000 euros para seguir avanzando en la equidad horizontal con las rentas del trabajo".
Del mismo modo, los partidos del Gobierno abogan por "eliminar la exención a las primas de seguros privados sanitarios que tiene un claro sesgo regresivo beneficiando fundamentalmente a las personas y familias de renta alta".
Igualmente, y a instancias de Sumar, van a "establecer un nuevo impuesto sobre los bienes suntuarios (jets y yates privados, coches de lujo, etc.) para mejorar la equidad en el reparto de renta y la riqueza".
Además, introducirán un IVA del 21% para los apartamentos turísticos con el fin de recortar su rentabilidad y transformarlos en viviendas para el alquiler permanente, "aliviando la falta de vivienda habitual en las zonas tensionadas".