Verdes de Europa-Tarifa ha denunciado ante la Comisión Europea las actuaciones contra la Red Natura 2000 sobre el espacio Estrecho Oriental (ES6120032), responsabilidad del gobierno español. Critican que, mientras las autoridades gibraltareñas avanzan de forma acelerada en el desarrollo del Eastside, la administración española incluida la Fiscalía no actúe con la rapidez necesaria para seguir evitando lo evitable.
Desde la creación de este espacio Red Natura, en el 2012, se permitió que Gibraltar ganara terrenos al mar, ya sea con la arena de la duna de Valdevaqueros y/o extracción de piedras de canteras, en contra de las medidas de conservación del Real Decreto 1620/2012.
La portavoz del grupo político Verde Rosmarie Hennecke ha manifestado que sigue dudando de la coordinación entre autonomía y ministerios, ya que deberían estar actuando ya y no mañana, acorde al Decreto 1620/2012 que indica expresamente que “en todo el ámbito del espacio protegido se prohíbe ganar terrenos al mar mediante rellenos, con materiales extraídos del fondo marino del espacio protegido o de cualquier otra procedencia”. De este modo, la portavoz cha considerado como alevoso, tener espacios protegidos y directamente ignorarlo para proyectos urbanísticos, como tantas otras veces. "Urge un cambio radical en la conciencia política debiendo aplicar prevención, para posteriormente no lamentarse de males mayores. Ir contra la naturaleza, es ir contra nosotros mismos", ha asegurado Hennecke.
La organización ha señalado que la Comisión Europea les pide pruebas documentales en plazos de cuatro semanas, que es un "hecho imposible", ya que "las autoridades españolas son reacias a entregar como corresponde en plazo documentación alguna, según la ley de Transparencia". Por ello, desde el grupo han considerado que la Comisión tiene el poder suficiente como para obtener la información que a ellos se les entrega "a cuenta gotas, dando largas, más aún tratándose de Vigilancias ambientales o Estudios de Impacto ambiental".
El grupo político ha manifestado que grupos ecologistas, vecinales y particulares están trabajando mejor coordinados que las administraciones y que esto, deben interpretarlo como “un mundo al revés”, ya que son las administraciones las que debe velar por lo público, y en este caso desde el 2012.