Verdemar Ecologistas en Acción insta a las autoridades a agilizar los trámites administrativos relacionados con el proyecto de depuración de aguas residuales en San Pablo de Buceite, dentro del término municipal de Jimena de la Frontera. La Consejería de Agricultura, Pesca, Aguas y Desarrollo Rural ha publicado, a través de un anuncio del 18 de marzo de 2025, el acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por el que se abre un periodo de información pública sobre este proyecto.
La iniciativa, denominada "Agrupación de vertidos y EDAR de San Pablo de Buceite (Cádiz)", es fundamental para garantizar la adecuada depuración de las aguas residuales en la zona. Verdemar ya presentó sugerencias en 2023 y reitera su apoyo al proyecto, subrayando la "urgente necesidad de que los trámites se completen con la mayor celeridad posible".
Actualmente, San Pablo de Buceite vierte sus aguas residuales directamente al río Guadiaro y al arroyo de la Purga Díaz "sin ningún tipo de tratamiento, afectando a una población de 1.708 habitantes, cifra que asciende a 1.836 durante el periodo estival". Esta situación supone, en palabras de la asociación ecologista, "un grave riesgo ambiental y sanitario, por lo que la implantación de un sistema de depuración es imprescindible".
Además, Verdemar cuestiona la paralización desde 2020 del proyecto que pretende canalizar los vertidos de San Martín del Tesorillo, El Secadero y el diseminado de Montenegral Alto hacia una nueva estación depuradora. La ejecución de esta infraestructura permitiría el tratamiento adecuado de las aguas residuales antes de su vertido a los cauces públicos, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.
La implementación de este sistema garantizaría la calidad del agua tratada, evitando impactos negativos en la población y en el entorno natural. Asimismo, daría cumplimiento a la Directiva 91/271/CEE, que obliga a que todas las localidades cuenten con un tratamiento adecuado de sus aguas residuales. Verdemar Ecologistas en Acción reitera la urgencia de acelerar la tramitación para poner fin a una situación insostenible que afecta tanto a la salud pública como al medio ambiente.