Las familias de La Línea afectadas por la trama de bebés robados se encuentran ya un poco más cerca de encontrar justicia tras el desbloqueo de la ley de 'bebés robados'. El Partido Socialista y Unidas Podemos han acordado desbloquear en la Mesa del Congreso la tramitación de esta ley, dando así por concluido el plazo de presentación de enmiendas a este proyecto normativo. Entre otras medidas, se plantea crear una Fiscalía especial y una unidad de investigación de la Policía Judicial. La provincia de Cádiz y el Campo de Gibraltar en general, La Línea muy en particular, se convirtió en uno de los principales focos de esta corrupta trama desde finales de los años 30 hasta principios de los 90.
"Felicidades a todas las madres y a nuestros hijos por el desbloqueo de la ley de 'bebés robados'. La lucha de todas las víctimas ha conseguido que esta ley siga su trámite y llegue por fin al Senado, paso previo antes de volver de nuevo al Congreso y ser aprobada definitivamente. Continuamos con la esperanza de ver pronto una ley que nos ampare. Mientras tanto, seguimos luchando", ha compartido con 8Directo la linense María Bueno, fundadora y presidenta de la asociación ALUMBRA (Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados) y representante de la Plataforma Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles 'Te Estamos Buscando'. Ambas entidades firmaron recientemente un escrito dirigido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pidiendo que se incluyera a este colectivo de madres víctimas por las desapariciones forzadas de sus hijos dentro de un marco legislativo que las amparase y reparase algo del daño cometido.
María Bueno es una de las más de 80 familias de La Línea afectadas por la trama de bebés robados que sufrió esta ciudad, convirtiéndose en uno de los puntos calientes de este mercado negro de menores, recién nacidos, ante el que sus víctimas continúan pidiendo justicia. Bueno, siendo una veinteañera, dio a luz en el antiguo hospital municipal linense, gestionado entonces por la Congregación de Hermanas de la Caridad, a un bebé, presuntamente sin vida, y al que nuncao llegó a ver. Más de 30 años después no hay ningún registro de este parto y el bebé de María.
"Para devolver la verdad y recuperar la memoria de unos hechos que destrozaron las vidas de miles de madres y de sus hijos. Señor Presidente, le suplicamos que no nos dejen fuera del amparo de la Ley de Memoria Democrática en el período de la Transición en España; otra vez tiradas, otras vez pisoteadas, otra vez encerradas y ajusticiadas por el olvido", expresan. María Bueno, junto a centenares de madres en toda España, han quedado fuera de la protección de la Ley de Memoria Democrática, "porque las múltiples violaciones cometidas contra ellas y sus hijos se han desterrado del período de la Transición, sin que sepamos por qué somos menos víctimas que las víctimas que serán amparadas en ese período. Queremos hacerle llegar nuestra firme intención de seguir luchando, dentro y fuera de España, para que la verdad del terror vivido por nosotras sea conocido en todo el mundo y quede en la memoria nuestro sufrimiento, sufrimiento que es ignorado por los textos legislativos que sí amparan a unas víctimas y a otras no", exponen en su escrito.
¿Qué demandan las familias de bebés robados?
1. El objetivo principal marcado es amparar y defender los derechos de las personas afectadas por las desapariciones forzadas infantiles en todo el territorio español y la restitución de la dignidad moral a todas las madres (víctimas primarias de estos delitos), sus hijos y/o familiares afectados. "Son ya centenares de madres las que han fallecido sin encontrar a sus hijos, y muchos los documentos y datos que han desaparecido para siempre".
2. Así, demandan una legislación completa que garantice la recuperación de la memoria de tantas madres y sus hijos. Por ello, se solicita establecer medidas en favor de quienes padecieron persecución y la violencia extrema infringida contra las víctimas de esta barbarie. Denuncian un grave vacío legislativo que desampara de forma terrible a las madres víctimas por las desapariciones forzadas infantiles y las adopciones ilegales en todo el territorio español.
"Es un asunto que ha sido ocultado durante años en la memoria familiar. Ésta es una deuda enorme que las instituciones deben saldar, aunque lleguemos tarde. Hoy hay miles de ciudadanos y ciudadanas que desconocen su origen porque fueron víctimas de esas desapariciones forzadas, no tienen una historia biológica real porque alguien decidió que sus madres no eran dignas. Se cometió un doble delito al provocar la desaparición forzada no sólo del niño o niña, sino también de su madre con respecto al menor, acto que convierte a la madre en víctima primaria de esta barbarie", apuntan desde el colectivo.
3. Señalan que esta futura nueva ley se debe estructurar siguiendo la lógica de las medidas propuestas por Naciones Unidas en su Resolución 60/147: medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, y articular dichas medidas al amparo de los principios de dignidad; reconocimiento y no discriminación; integralidad; proporcionalidad, flexibilidad y adaptabilidad; participación; compatibilidad y subsidiariedad; celeridad y colaboración interinstitucional, garantizando un mecanismo ágil de iniciación de trámites sin requisitos burocráticos excesivos y eliminando las barreras y dificultades que puedan impedir u obstaculizar la investigación rápida y eficaz. Igualmente, debe ampararse en los artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 3.1 (Derecho a la integridad física y psíquica de toda persona), 4 (Prohibición de toda forma de sufrimiento o trato inhumano), 5.3 (prohibición de compraventa de seres humanos), 7 (Derecho al respeto de la vida privada y familiar sin injerencias).
4. Incluir en esta política a quienes no han sido reconocidas como víctimas por la legislación vigente en cualquier contexto fuera o dentro de un marco histórico, teniendo presente que los crímenes de lesa humanidad no tienen un marco temporal posible dado su carácter de violación de derecho humano atemporal, violaciones que se producen en cualquier lugar, tiempo o espacio. "A todas ellas, se les debe otorgar el lugar que se merecen, dando respuesta efectiva a sus derechos en el ámbito de la competencia del Estado español", apuntan.
5. Asimismo, solicitan la creación de un fichero público 'DFI' (Desapariciones Forzadas Infantiles) y un 'Banco único de ADN' de carácter estatal y gratuito para las víctimas, que contenga toda la información relevante en relación con los hechos objeto de esta ley; su actividad contará con las suficientes garantías de privacidad. También demandan la puesta en marcha de oficinas de asistencia a estas víctimas.
6. Piden que el Estado español facilite la denuncia, la investigación y el enjuiciamiento de los presuntos casos de violaciones de derechos humanos, ofreciendo información al respecto, poniendo a disposición de las víctimas los recursos y las prestaciones que, según los casos, se necesiten para paliar las injusticias estructurales y sistemáticas de las que son y han sido objeto, y minimizando los inconvenientes que el ejercicio de este derecho pudiera suponerles.