El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha aprovechado su visita de este jueves al Puerto de Algeciras para insistir en la necesidad de diseñar medidas correctoras y preventivas que garanticen una aplicación del ETS marítimo (Emissions Trading System) sin menoscabar la soberanía comercial europea y la competitividad de nuestros puertos.
En este sentido, Óscar Puente ha explicado que España ha sido el primer país en defender la inclusión en la normativa comunitaria de la figura del “puerto transparente”. Con ella, las escalas o transbordos en un puerto no europeo situado a menos de 300 millas de un puerto de la UE y cuya actividad de transbordo de contenedores supere el 65% estarán sometidos también al régimen de comercio de emisiones.
Para Puente, resulta imprescindible hacer uso del mecanismo de revisión previsto en la Directiva para monitorizar y establecer medidas preventivas que puedan implantarse rápidamente cuando se detecte una amenaza inminente. Un mecanismo que se introdujo gracias al trabajo de España.
“Compartimos el objetivo de que el sector marítimo reduzca al 55% sus emisiones en 2030 y que alcance la neutralidad climática en 2050. Pero si de algo no pecamos es de ingenuidad. Somos conscientes de que la normativa puede provocar fugas de escalas a puertos no europeos. Por ello, ni el Gobierno de España ni este ministro van a mirar para otro lado en este asunto”, ha asegurado el ministro antes de explicar que, durante su reciente reunión con la comisaria europea de Transportes, Adina Vălean, trasladó esta postura y preocupación al respecto.
La semana que viene una delegación del ministerio dará continuación a este encuentro y ahondará con los departamentos responsables de la Comisión en estos temas.
La estrategia española de descarbonización está completamente alineada con el paquete legislativo Fit for 55 de la Unión Europea, en la que, por primera vez, y de manera gradual, se incluye al sector marítimo en el régimen de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (ETS). Dicha inclusión implica que las navieras deban abonar el 100% de estos derechos entre puertos de la UE y el 50% en conexiones cuyo destino y origen sea un puerto europeo.