Vecinos de El Albarracín de San Roque, concretamente de la zona de Albalate, demandan al ayuntamiento la regularización de sus viviendas y la inclusión de este área en un Plan Especial de adecuación ambiental y territorial previsto por la administración local. Denuncian llevar años en "tierra de nadie" con unas parcelas adquiridas en suelo no urbanizable pero de uso agropecuario permitido. Desde el Ayuntamiento de San Roque, por su parte, defienden ceñirse a la "legalidad urbanística" y recuerdan que, en noviembre de 2022, fue la Junta de Andalucía, a través de los inspectores de urbanismo de la Consejería de Fomento, quien paralizó la parcelación de este terreno de naturaleza rústica en El Albarracín, "dividido en 87 fincas destinadas a la construcción de viviendas ilegales", aseguran.
Jesús Pelayo, uno de los más de 80 vecinos afectados por esta situación, explica a este medio que "son muchas las familias que en su día compramos estas parcelas en esta zona, con sus papeles correctos, sus impuestos de liquidación y con todo en regla en el registro". "Es cierto que comprábamos terreno rústico, sí, pero de uso agropecuario, es decir, que no se puede construir nada allí pero se puede usar para actividades agrícolas y ganaderas. Ha habido gente que han acometido obras y esto ya está en manos de la justicia", señala.
Al margen de estos vecinos, en juicio por estas construcciones, son otras familias de la zona de Albalate las que denuncian encontrarse desde hace años en "tierra de nadie" y piden al consistorio la regularización de sus viviendas. En este sentido, ya han trasladado estas demandas concretas al propio alcalde, tanto en reuinones privadas como públicamente en el pasado pleno de la corporación municipal. Este asunto, además, lo han puesto en manos de un abogado especialista.
"Es cierto que hay unas tres edificaciones en la zona, que están ahora mismo paradas, ni se han acabado, después de distinas denuncias del Seprona y algunas actuaciones de la Junta y la Fiscalía, tienen expediente abierto en lo penal. Pero es que el resto de vecinos, la inmensa mayoría, tenemos estas parcelas para nuestros huertos y poco más, ya hay hasta personas empadronadas allí y todo. No queremos hacer obras, sino usarlos para lo que están, para uso agropecuario, sin ningún impacto al medio ambiente. Justo al lado de nosotros están, por ejemplo, los huertos de ocio del ayuntamiento", aclara este vecino portavoz.
Ante esto -según comparten- el Ayuntamiento de San Roque tiene previsto sacar adelante un Plan Especial para regularizar esta zona de El Albarracín que -aseguran- dejaría fuera a muchos de ellos. "Queremos que se nos oiga ¿Por qué nuestra situación lleva años así en el aire y en la finca colindante, sin ir más lejos, el ayuntamiento está llevando a cabo trabajos, movimientos de tierra y demás, para poner una planta de residuos tóxicos?", exponen y se refieren al caso concreto de la zona del Zabal de La Línea. "En este caso, el Ayuntamiento de La Línea ya lo ha acogido todo y entran todos", añaden.
La zona de Albalate se encuentra en El Albarracín; un núcleo al norte de San Roque casco en el que hace ya más de tres décadas se comenzó a construir en suelo rústico. Algunas de esas viviendas actualmente existentes son las habituales de los allí residentes.
Vecinos del Albarracín demandan al Ayuntamiento de San Roque la regularización de sus viviendas
Avances en el planeamiento urbanístico en El Albarracín
El Ayuntamiento de San Roque anunció el pasado mes de octubre nuevos pasos hacia adelante en la regularización urbanística de El Albarracín, donde hay unas 500 edificaciones irregulares. La Junta de Andalucía ya ha remitido al consistorio el documento de alcance que fija las pautas para la redacción del Estudio Ambiental Estratégico del Plan Especial de adecuación ambiental y territorial para esta zona del municipio, lo que significa dar luz verde a la documentación inicial presentada por el ayuntamiento.
A finales de 2023, el Ayuntamiento de San Roque solicitó a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que se iniciaran los trámites de la Evaluación Ambiental Estratégica para el Plan Especial del Paraje de El Albarracín, y poco después se remitió a la Delegación Territorial de dicha consejería la documentación requerida. La Delegación Municipal de Urbanismo ya ha recibido el denominado “documento de alcance” que fija los requisitos que debe cumplir el consistorio en el marco de dicho estudio ambiental, y se establece un plazo máximo de 15 meses para su aprobación.
El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, declaró el pasado mes de octubre a través de un comunicado que “seguimos cumpliendo nuestros compromisos electorales, y este documento de alcance es un paso más en el complicado proceso que supone regularizar El Albarracín. El Ayuntamiento presentó a la Junta el borrador del plan especial para esta zona del municipio y la documentación que se nos requirió, y ahora sabemos en qué marco nos tenemos que mover para cumplir con la legislación en materia medioambiental y territorial”.
“Ahora -continuó el alcalde- tenemos quince meses de plazo para cerrar este documento, que tiene directrices en distintas materias, como aguas, valoraciones económicas de las infraestructuras necesarias, las medidas de protección a flora y fauna, el respeto a las vías pecuarias y, también, unas sugerencias aportadas por el movimiento ecologista, como las referentes a espacios de valor arqueológico”.
“Estoy seguro -señaló Ruiz Boix- de que los técnicos de la Delegación de Urbanismo, que dirige mi compañero Alfonso Valdivia, van a cumplir con su cometido y tendrán listo el documento en el plazo fijado. Sólo me queda hacer un llamamiento a los propietarios de El Albarracín para que también cumplan con su parte, ayudando al Ayuntamiento cuando sea preciso recabar la información necesaria. Y, sobre todo, con el compromiso de que, una vez que se consiga la aprobación del Plan Especial, arrimen el hombro en la financiación de las infraestructuras necesarias, porque no es de recibo que toda la población del municipio tenga que afrontar con sus impuestos unos gastos que se derivan de una situación irregular atribuible a unos pocos”, concluyó Ruiz Boix.