El Ayuntamiento de Tarifa se encuentra en el centro de la polémica desde hace semanas y por varios motivos. Todo comenzó en la semana de Feria, unos días de fiesta y celebración para el municipio y sus vecinos que sin embargo se vieron empañados cuando salió a la luz el convenio entre el Ayuntamiento de Tarifa y Gran Parcela S.L para urbanizar el frente litoral de Los Lances.
Las reacciones no se hicieron esperar. Vecinos, colectivos sociales y ecologistas y oposición se levantaron en contra de esta operación urbanística que situó al municipio durante días en el ojo del huracán mediático. La constitución de la plataforma 'Tarifa no se vende' y la convocatoria de movilizaciones en contra de un proyecto que se encontró con el rechazo frontal de buena parte de la sociedad tarifeña obligó al Ayuntamiento a dar marcha atrás y desistir, en principio, de sus planes para el frente litoral.
Cuando parecía que las aguas se habían calmado ha surgido de nuevo otra polémica que afecta de manera directa al pacto de gobierno entre PP y Nuevos Aires Tarifa y que el secretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, se encargó de sacarla ayer a la palestra en una rueda de prensa en la que calificó al Ayuntamiento tarifeño como "la casa de los líos".
Y es que también ha salido a la luz pública que el actual presidente de Nuevos Aires Tarifa y delegado de las áreas de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, Jorge Benítez, reclama al Consistorio, en el que ahora es concejal, una indemnización de 75.000 euros en concepto de daños morales de su etapa como policía local.
Para entender los hechos, hay que remontarse al año 2006. Benítez ejercía entonces como agente de la Policía Local e interpuso una multa de aparcamiento al actual alcalde José Antonio Santos, entonces concejal de Turismo, el día de la Cabalgata de Reyes. El alcalde del PP en esa fecha, Juan Andrés Gil, presionó a Benítez para que la retirara, una petición a la que el policía se negó. Por ello, en 2011, los tribunales condenaron a Gil a una pena de un año y ocho meses de prisión y a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público como autor de un delito de coacciones contra Benítez, a quien el Juzgado de lo Social le terminó por reconocer una incapacidad permanente para seguir trabajando como agente de la Policía Local, “a causa de las graves secuelas que aquellos hechos le habían provocado".
Casi 15 años después de aquel contencioso, es Benítez y su partido (Nuevos Aires Tarifa) el que sostiene al PP en la Alcaldía y a José Antonio Santos, aquel al que puso la multa que originó todo el proceso, como máximo dirigente de la ciudad, a pesar de que fue la lista del PSOE encabezada por Francisco Ruiz la más votada en el municipio tarifeño.
Ruiz Boix realizaba ayer un relato de los hechos e incluso cuestionaba que Benítez fuera reconocido con una capacidad permanente para ejercer de agente de Policía Local y ahora casi 15 años más tarde se dé la esperpéntica circunstancia de que es el responsable político de la Policía Local. Entiende el socialista que existe "un conflicto de intereses".
Por si fuera poco, al alcalde de Tarifa se le abre un nuevo frente. Y es que tres funcionarios del Ayuntamiento han denunciado ante la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil la presunta utilización de las firmas de dos de ellos para introducir, sin su conocimiento, modificaciones en el plan de playas, destinadas a la instalación de un área deportiva en la playa de Los Lances, cerca de la isla de Las Palomas.
Muchas son las voces desde la oposición (PSOE, Ganar Tarifa y Los Verdes) que están exigiendo responsabilidades y el cese o dimisión del líder de Nuevos Aires Tarifa.
De momento, José Antonio Santos ha ofrecido escasas explicaciones sobre las dos últimas polémicas y dice mantener su confianza en Benítez. En caso contrario, el PP sabe que perdería el apoyo de Nuevos Aires Tarifa y por tanto la Alcaldía.