Tarifa No Se Vende ha denunciado que el desarrollo urbanístico de Tarifa no puede hacerse "a espaldas de los intereses de la mayoría social" y ha añadido que la ciudadanía tarifeña debe recuperar el control sobre la ordenación de su territorio.
La Plataforma defiende el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones urbanísticas que afectan a su municipio. Por ello, ha decidido personarse en el trámite de información pública abierto por el Ayuntamiento de Tarifa en relación con la Modificación del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUO-LI.01-2 Los Lances, tras detectar que el proyecto presentado era manifiestamente incompatible con la normativa urbanística vigente.
Según la plataforma, el proyecto en cuestión contempla la construcción de una macro urbanización en la zona norte de Los Lances (frente a la zona popularmente conocida como los carriles), que incluiría 740 viviendas (plurifamiliares y unifamiliares), 1.360 plazas hoteleras, equipamientos turísticos y 87.879 m² de zonas verdes, ocupando una superficie total de 622.000 metros cuadrados, es decir, el equivalente a más de sesenta estadios de fútbol. "Este desarrollo colinda con el río Jara, la carretera nacional 340 y el restaurante La Codorniz, y compromete gravemente el equilibrio territorial y medioambiental del municipio por sus dimensiones, su ubicación y la enorme exigencia de recursos que demanda", han sentenciado desde el grupo.
El análisis técnico y jurídico del proyecto ha revelado que el Ayuntamiento de Tarifa inició la modificación del Plan Parcial el día anterior a la entrada en vigor de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, tal y como denuncia la plataforma ciudadana en una nota de prensa "La razón es evidente: esta era la última oportunidad de dar viabilidad a un proyecto de tal magnitud, eludiendo así los nuevos criterios de sostenibilidad y protección territorial impuestos por la nueva normativa autonómica. Esta maniobra apresurada ha dado lugar a un expediente plagado de deficiencias técnicas, jurídicas y documentales, lo que lo convierte en nulo de pleno derecho. Todo ello, a pesar de que el Ayuntamiento ha tenido más de 20 años para desarrollar el sector conforme a la legalidad", han ratificado.
Ante esta situación, la Plataforma ha presentado el pasado 11 de marzo un escrito de alegaciones al Ayuntamiento y, al día siguiente, trasladó sus objeciones al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria en curso en la Delegación en Cádiz de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía.
La Plataforma ha manifestado que este caso evidencia, una vez más, la necesidad perentoria de que la ciudadanía de Tarifa participe directamente en el desarrollo urbanístico de su territorio que es clave para atajar las demandas más acuciantes de la población y para planificar socioeconómicamente el municipio de manera racional. De esta forma, han recordado a los representantes políticos que su deber es servir al interés general y no a intereses particulares, sin embargo, por ahora, solo la vigilancia activa de la ciudadanía organizada contiene a la especulación inmobiliaria que pone en peligro el futuro de la mayoría social del municipio.